El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, había cifrado el umbral del millón de inmigrantes que aceptarían la oferta de cobrar todo su desempleo en dos plazos con la condición de retornar a sus países de origen en esta situación de crisis. Ahora ha rebajado la cifra a poco más de ochenta mil. Ni siquiera el diez por ciento. La razón tiene su lógica: se trata de familias integradas en España, con su documentación en regla y con aspiración, en muchos casos de hacerse españoles por la vía de la nacionalización por residencia. Volver sería reconocer un fracaso y, sobre todo, tener que empezar una vida de nuevo por tercera vez.
La nueva política socialista de inmigración está sustentada en considerarla una amenaza para la economía. Las sucesivas declaraciones de Celestino Corbacho se sustentan en la ecuación que relaciona la inmigración como una amenaza añadida para la crisis. Es una política de compensación demoscópica por la pérdida de votos que pudiera reportar las posiciones clásicas de la izquierda de considerar la inmigración ordenada como un beneficio social, económico y demográfico. Miedo a perder votos. Coyuntura frente a ideología, la constante de José Luis Rodríguez Zapatero.
En época de bonanza el Gobierno consideraba que gracias a la cotización de trabajadores extranjeros se habían saneado las cuentas de la seguridad social. En época de crisis, para ese mismo Gobierno la inmigración es un problema y una amenaza hasta el punto de incentivar que los inmigrantes más arraigados vuelvan a sus países de origen.
La contradicción radica, incluso en el terreno práctico, que los flujos migratorios y la formación laboral de empleos cualificados no se puede manejar a golpe de temporalidad. Los países grandes (Reino Unido y Estados Unidos, sobre todo) lo son, entre otras cosas, por la facilidad con que se produce la integración de los extranjeros que se quieren nacionalizar. En España el Gobierno socialista quiere que los inmigrantes en paro se vayan mientras que Mariano Rajoy llega a cuestionar que cobren el desempleo, aunque luego haya querido matizar sus declaraciones.
La planificación a medio y largo plazo es una asignatura pendiente en nuestro país en la que los políticos han aprendido tarde y mal la ciencia de la demoscopía. Satisfacer las demandas instantáneas de la población, incluso las xenofóbicas, puede dar votos coyunturales pero no permiten políticas estables que hagan grande a nuestro país.
