España no está consiguiendo frenar los residuos de alimentos

Cuando España adoptó los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en septiembre de 2015, prometió reducir a la mitad los residuos de alimentos para 2030. Pero está lejos de alcanzar este objetivo. En 2018, los hogares españoles tiraron cerca de 1.400 millones de kilos/litros de alimentos, un 8,9% más que en 2017, rompiendo la tendencia a la baja de los dos años anteriores.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), este aumento de los residuos de alimentos se debe a las altas temperaturas registradas en primavera y verano, período en el que los residuos aumentaron de forma más significativa (10,5%).

El calor aumenta el desperdicio de alimentos, pero los desechos también contribuyen al aumento de las temperaturas. Según el último informe sobre el cambio climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los alimentos estropeados o desperdiciados -que representan entre el 25% y el 30% de todos los alimentos producidos en el mundo- son responsables de entre el 8% y el 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los seres humanos. Ante este hecho, los expertos sostienen que la reducción de los residuos de alimentos es esencial para la lucha contra el cambio climático.

España cuenta con una estrategia nacional de lucha contra los residuos de alimentos, que hace especial hincapié en la responsabilidad del consumidor. De hecho, el plan sólo mide los residuos alimenticios domésticos, ignorando otros eslabones de la cadena agroalimentaria. Según los datos disponibles, el 84,2% de los productos se tiran directamente a la basura, especialmente frutas, verduras y productos lácteos. El otro 15.8% se tira después de ser cocinado.

La estrategia nacional recomienda sensibilizar sobre el problema, enseñar buenas prácticas en la cadena de producción y “establecer marcos estables de colaboración con ONG, bancos de alimentos, asociaciones de consumidores y grupos benéficos”. Pero los activistas quieren que el gobierno español vaya un paso más allá e introduzca una ley contra los residuos de alimentos en todos los niveles de la cadena de suministro y consumo.

Al igual que España, la Unión Europea no tiene regulaciones específicas contra los residuos de alimentos, más allá de comprometerse a cumplir los objetivos de la ONU y exigir a los estados miembros que establezcan “medidas específicas” para combatir el problema. La UE, sin embargo, ha expresado repetidamente su preocupación por la gran cantidad de alimentos que se producen pero que no se comen: 46,5 millones de toneladas al año, justo dentro de los hogares. Un documento del Consejo de la Unión Europea de 2016 indicaba que los alimentos estropeados y desperdiciados representan una cuarta parte de toda el agua utilizada para la agricultura, destruyen la biodiversidad y le cuestan a la economía mundial 990.000 millones de dólares al año. Por otro lado, reducir los residuos de alimentos reduciría la “presión sobre el clima, el agua y los recursos de la tierra”.

La falta de regulación de la UE no significa que los Estados miembros no puedan introducir sus propias leyes. En 2015, Francia tomó la decisión pionera de prohibir a los grandes supermercados (más de 400 metros cuadrados de superficie) tirar los productos alimenticios no vendidos pero comestibles. En lugar de desperdiciar la comida, tienen que donarla a la caridad o usarla para hacer compost.

“España necesitaría una ley similar o incluso mejor que la de Francia, pero una directiva fuerte[de la UE] sería la mejor; es un tema importante que aún no se ha abordado”, dice Julia Barea, responsable de las campañas de consumo y biodiversidad de Greenpeace España. “La directiva de la UE[sobre gestión de residuos] dice que la materia orgánica no tiene que terminar en el contenedor; el gas metano puede ser extraído de él para producir biogás, y lo que queda puede hacer biocompost. Pero en España ni siquiera tenemos plantas para hacer esto o un sistema de recolección”.

Sin embargo, están surgiendo iniciativas privadas en toda España para abordar el problema de los residuos de alimentos. En 2012, la asociación de productores y distribuidores de alimentos Aecoc lanzó un proyecto que, según sus datos, logró reducir los residuos de alimentos del 1,7% al 0,7% en 500 empresas.

“Estamos viendo un aumento de la participación a nivel institucional”, dice Jonathan Zarzalejo, un “guerrero contra el despilfarro” y miembro del movimiento Too Good To Go. Esta iniciativa conecta a los establecimientos de restauración y los lugares que venden comida con las personas que quieren rescatar los productos que terminan en la basura. Las empresas pueden utilizar la aplicación para ofrecer paquetes de alimentos no vendidos a un precio muy bajo, y los usuarios pueden comprarlos -sin saber lo que contienen- antes de que cierre el establecimiento. “Lo ha estado haciendo muy bien en España. En sólo 11 meses, 450.000 personas se han inscrito en 14 provincias”, dice Zarzalejo.

Francisco de La Mata es uno de los usuarios de la aplicación Too Good To Go. “Me enteré porque tengo una amiga que está preocupada por el problema de los residuos de comida y me lo contó”. Eso fue hace tres meses. Ahora, el joven de 26 años, que se ha mudado recientemente de su casa familiar, ha descubierto que la iniciativa no sólo le ha ayudado a ahorrar dinero -un menú de 10€ y 15€ en un restaurante cuesta menos de 5€ en la aplicación-, sino que le ha hecho más consciente de la relación entre la comida y el medio ambiente. “La aplicación le dice cuánto dióxido de carbono está ahorrando a la atmósfera al comprar su paquete de alimentos”, explica. “Siento que participo en una iniciativa sencilla y amistosa para reducir el desperdicio.”

Too Good To Go es sólo una de las innumerables aplicaciones y proyectos contra el desperdicio de alimentos. “Cada vez se habla más de ello, pero el consumidor necesita ser más consciente”, dice Zarzalejo.

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