En el contexto del acto de inicio del Año Judicial, llevado a cabo este lunes, el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha catalogado como una “seria anomalía”, el bloqueo de la renovación de las autoridades de dicha institución, cuyos vocales deben designarse, según la Constitución y demás normas vigentes, cada 5 años. De igual modo, exhortó a los representantes de los poderes públicos que intervienen en la designación de sus miembros, a llevarla a cabo “sin mayores dilaciones”.
Paralización de la justicia
Lesmes recordó que, en el ámbito de las competencias del órgano de gobierno del Poder Judicial, se contempla la existencia de funciones de gran importancia, tales como la inspección, aplicación de sanciones disciplinarias, ascensos y nombramientos de jueces y magistrados; las cuales deben llevarse a cabo de modo ininterrumpido, para evitar generar graves consecuencias sobre el sistema de justicia de España. Asimismo, aseguró que una paralización de dicha instancia que se prolongue por mucho tiempo, sería contraproducente para la administración de justicia, en un momento en el que deben afrontarse “unos retos enormes”, en clara alusión a las consecuencias generadas por la crisis, que se ha presentado en la sociedad española a causa de la presencia del COVID-19.
Debilidades del sistema
En el mismo orden de ideas, recalcó que las crisis eran circunstancias que otorgaban oportunidades para avanzar, aún en el entorno de la administración jurisdiccional, a la cual describió como “ineficientemente organizada” y reconoció que cuenta con “procesos interminables” y con una iniciativa de digitalización que se ha iniciado en varias ocasiones, pero nunca se ha culminado. Sin embargo, reivindicó el compromiso y defendió las acciones del Poder Judicial, en el marco del estado de alarma generado por la presencia de la pandemia en territorio nacional.
Consideraciones sobre la ejecución del estado de alarma
Con respecto a la ejecución del estado excepcional previsto en la norma, enfatizó que era necesario llevar a cabo un proceso de profunda reflexión y debatir sosegadamente, sobre la posibilidad de mejorar los “mecanismos de respuesta” para afrontar las crisis; pues, a su entender, la historia ha demostrado que éstas podrían repetirse en un futuro. También hizo un llamado a ponderar detenidamente las funciones que deberían desempeñar los órganos de administración de justicia en los estados especiales, principalmente aquel contemplado en el artículo 116 numeral 2 de la Carta Magna.
Por otra parte, señaló que la crisis a causa del coronavirus ha dejado en evidencia, la presencia de “tensiones” de gran importancia en el ordenamiento legal de los países, lo que ha producido que se adopten medidas estrictas, en virtud de las consecuencias sobre los derechos de las personas. En este sentido, recordó que la Constitución nacional prevé la existencia de un conjunto de disposiciones ordinarias, que no inciden en la suspensión de la vigencia de los preceptos constitucionales. Por ello, consideró oportuno evaluar la pertinencia legal de la aplicación de medidas sanitarias que restringieron la libertad de los ciudadanos españoles, a pesar de que éstas hayan sido llevadas a cabo bajo el régimen del estado de alarma.
En tal sentido, Lesmes indicó que los jueces y magistrados han debido emitir decisiones en respaldo o rechazo de las medidas restrictivas impuestas, a la vez que ha insistido en que resulta necesario que exista “una mayor claridad normativa” con respecto a la aplicación de medidas que restrinjan de modo tan importante, el ámbito de los derechos políticos de los ciudadanos. De la misma manera, ha estimado conveniente, que se delimite de modo más efectivo los mecanismos de ratificación judicial, cuando las medidas se toman bajo el régimen de legalidad ordinaria.
Vulnerabilidades
El presidente del CGPJ reseñó que la labor judicial es compleja en situaciones normales, pero que dicha dificultad se incrementó de modo exponencial bajo la presencia de la pandemia; a la cual atribuyó haber mostrado “con crudeza” la existencia de vulnerabilidades en el sistema judicial. Al respecto ha comentado que la administración debe ser suficientemente tecnificada para poder seguir llevando a cabo sus funciones, en caso de presentarse una situación similar a la que ha padecido el país desde inicios de este año. En tal sentido, reivindicó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y digitalizar la totalidad de las actividades procesales.
Necesidad de aplicar reformas
Por último, el titular del Tribunal Supremo acotó que resulta impostergable la aplicación de reformas estructurales en el ámbito procesal, para que los órganos de aplicación de justicia puedan otorgar respuestas rápidas y apegadas al ordenamiento jurídico.
