Este miércoles la Comisión Europea ha publicado su informe “Recomendaciones Específicas por País”, el cual contempla, como todos los años, un balance pormenorizado de la situación de las economías nacionales de los Estados que conforman la Unión Europea (UE). Sin embargo, en esta ocasión no se plasman en el documento, recomendaciones precisas de corte macroeconómico y fiscal, así como de aplicación presupuestaria; motivado a la irrupción de la pandemia del COVID-19 en los países de la Unión. Sin embargo, se hacen recomendaciones generales a los países sobre las formas más expeditas de emplear sus recursos para hacer frente a las situaciones propiciadas por el virus, mitigar el impacto del mismo sobre el sistema económico y preparar las acciones que coadyuven a la recuperación, una vez superada la pandemia.
Éstas recomendaciones de carácter amplio, contrastan con las recomendaciones realizadas en años anteriores en ese mismo informe, que detalla medidas específicas por país, para lograr corregir determinados obstáculos que impidan el crecimiento económico y equilibrio fiscal. Según especialistas, la diferencia entre el último documento publicado y los anteriores, estriba en la dificultad para plantear acciones específicas en esas áreas, en virtud de las condiciones de incertidumbre evidenciadas, producto por la pandemia que azota al mundo desde inicios de año.
En el mismo informe, se recomienda a España a aplicar las políticas fiscales que permitan lograr “posiciones fiscales prudentes” a mediano plazo, que se garantice la sostenibilidad de la deuda y que se fomente la inversión. Sin embargo, se aduce que dichas acciones deben llevarse a cabo “cuando las condiciones económicas lo permitan”, entendiéndose que las sugerencias realizadas podrían no ser materializadas de inmediato, motivado a la situación de alerta sanitaria.
Entre otras recomendaciones para el caso específico español, se encuentran preservar la mayor cantidad posible de puestos de empleo, ampliar la cobertura del Estado para las personas que hayan pasado a situación de paro, garantizar liquidez a empresas y particulares, optimizar las condiciones para garantizar el acceso al aprendizaje digital, entre otros.
En cuanto al diagnóstico de las características de la economía y del gasto ejecutado por el gobierno de España, resalta en el informe emanado de la Comisión Europea, que el sistema de salud del país ha obtenido buenos resultados, a pesar del bajo nivel de inversión, pero que la pandemia ha generado una importante tensión sobre el sistema, dejado en evidencia su imposibilidad de afrontar situaciones de crisis; motivado, según los argumentos allí recogidos, a carencias significativas en materia de inversión en infraestructura, reclutamiento ineficiente y condiciones inadecuadas de los trabajadores del área de servicios de salud.
Por otra parte, la Comisión también plantea que la crisis generada en la economía, como producto de la irrupción de la pandemia, no afectará en igual proporción a todas las regiones de España; sino que representará cargas específicas para cada una, partiendo de las estructuras de los sectores de sus economías. Al respecto, se hace mención especial a la situación de regiones como la costa mediterránea, las Islas Baleares y Canarias; así como también Andalucía, que dependen en gran proporción del turismo, el cual se ha visto severamente mermado.
En cuanto a las consecuencias económicas, se prevé un gran impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel total de desempleo en España. Al respecto, se estima que la crisis podría aumentar los niveles de pobreza y fomentar la exclusión social, principalmente en familias con hijos menores de edad; al ser España el país miembro de la UE, con el promedio más bajo de prestaciones familiares por hijo. También resalta que el sistema de protección del Estado deberá crecer para incluir a mayor cantidad de personas jóvenes; reconociéndose que el país ha procurado un sistema de ayudas que protege principalmente a las personas mayores. También se sugiere, una vez superada la crisis producida por la pandemia, eliminar las restricciones sobre la propiedad y funcionamiento de los mercados, que han surgido como iniciativas en favor de la garantía del suministro de bienes y prestación de servicios estratégicos, en ocasión de la crisis evidenciada. También recomienda que se promueva una coordinación más profunda entre los distintos niveles de gobierno para que las acciones que se lleven a cabo en el contexto de la recuperación, logren los mejores efectos posibles.