Reunión entre la Ministra de Educación y las CCAA
En el día de hoy, se ha llevado a cabo una reunión entre la titular de la cartera educativa, Isabel Celaá y las Comunidades Autónomas, con la intención de discutir la aplicación de medidas de higiene y prevención para el año escolar que inicia en septiembre.
En este contexto, las Comunidades de Madrid y el País Vasco, han votado en contra de las propuestas planteadas por los Ministerios de Educación y Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Por su parte, Cataluña ha indicado que apoya el conjunto de acciones que se pretenden llevar a cabo, pero insiste en que se debe permitir que las regiones apliquen sus propias medidas preventivas.
Madrid y el País Vasco argumentaron que no apoyaban la moción ministerial, pues no debían aprobar las medidas de seguridad propuestas por el Gobierno, toda vez que las iniciativas en esa materia, se encontraban en el ámbito de competencias de las regiones. De igual modo, indicaron que el acuerdo planteado, no resolvía los problemas que se presentarían en septiembre.
Medidas propuestas por los Ministerios
Con respecto a las medidas recomendadas por el gobierno, se contempla la necesidad de guardar un distanciamiento social de 1,5 metros para los niños mayores de diez años, los cuales, en caso de no poder mantener la separación interpersonal prevista, deberán hacer uso de mascarillas; mientras que los niños menores de esa edad, deberán agruparse en “grupos cerrados” que no entrarán en contacto con otros, lo cual les permitirá prescindir de la aplicación de la medida de distanciamiento y la utilización del implemento sanitario.
Lo anterior permitirá que las aulas puedan llegar a albergar una cantidad estimada de 20 niños, en los cursos comprendidos entre la educación infantil y el 4to nivel de primaria, pero el Gobierno ha estimado que el nivel óptimo de ocupación en esta etapa, se ubica en los 15 estudiantes.
Del mismo modo, se faculta a las escuelas e institutos a acondicionar espacios distintos a las aulas, para llevar a cabo las actividades educativas, con la finalidad de permitir que todos los estudiantes inscritos en las instituciones tengan derecho a acceder a los mecanismos de educación presencial. En este sentido, se ha permitido que las instituciones dispongan de comedores, bibliotecas, entre otros, para garantizar el cumplimiento de esa previsión.
Por otra parte, se insta a cada plantel a designar responsables, para gestionar medidas de divulgación de información y verificar el cumplimiento de las medidas preventivas contra el COVID-19.
Reacciones a los planteamientos del Gobierno
El Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha argumentado, en contra del planteamiento de acondicionar los espacios escolares, que resulta imposible que, en un lapso de dos meses, se puedan adaptar las áreas que no están previstas para ser empleadas como aulas; y que, el coste de llevar a cabo esa iniciativa, sería muy elevado.
Por otra parte, se ha cuestionado por parte de las comunidades que no apoyaron las orientaciones presentadas, que no acatarían las medidas gubernamentales, pues éstas se inmiscuían en el ámbito de competencias de las autoridades regionales.
Otras consideraciones
Al respecto, cabe destacar que en la reunión celebrada el día de hoy, se presentaron dos documentos para su consideración; el primero de ellos, recoge orientaciones y principios generales para la aplicación de medidas, mientras que el otro, de corte más polémico, establece las medidas a ser cumplidas por las instancias regionales, para reanudar las actividades educativas. Con respecto a este último, la Ministra de Educación, señaló que era un borrador, y que, por tanto, no tenía carácter vinculante.
La mayor parte de los presentes en el acto, votaron en favor del primero de ellos, con la excepción de Madrid y el País Vasco; mientras que Cataluña ha indicado su apoyo a las generalidades establecidas en el documento, pero que no aceptará que al mismo se le otorgue carácter normativo o vinculante. Al Respecto, Castilla y León ha sostenido que estaba en favor del documento que establece el marco orientativo, pero que analizaría el protocolo y emitiría su decisión definitiva posteriormente.
La Ministra puntualizó, luego de la reunión sostenida con las CCAA, que la única previsión de obligatorio cumplimiento para la fecha, era la que establecía la distancia mínima de 1,5 metros entre personas, pues la misma había sido recogida en un decreto real.
