El Delegado del Gobierno de España en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado en una entrevista realizada durante este lunes, que el incumplimiento de la medida que exige la utilización de mascarillas en espacios públicos, llevada a cabo por personas que asistieron a la manifestación de este domingo en la Plaza de Colón, sería severamente sancionada.
Al respecto, enfatizó que las autoridades permitieron la realización del referido acto público, en virtud que, en el escrito presentado por sus promotores, no se hacía referencia al despliegue de acciones en oposición al uso del implemento sanitario; sino se establecía que su objetivo sería el rechazo a la presunta censura de los medios de comunicación e instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado, entre otros aspectos.
Los convocantes aseguraron que se mantendría el distanciamiento
Franco también informó que, en el documento que contiene la solicitud de autorización para la celebración del evento, se sostenía que se exigiría a los asistentes el mantenimiento del distanciamiento social, y que incluso, se utilizarían carteles para recordarles sobre la necesidad del cumplimiento de la medida obligatoria, en el contexto del decreto de nueva normalidad y como medio de dar cumplimiento a las disposiciones regionales en materia sanitaria y de seguridad.
El delegado también aclaró que las autoridades nacionales y regionales optaron por no disolver la manifestación, una vez constatada la ausencia de mascarillas entre los presentes, con la intención de evitar complicar aún más la situación presentada; mientras que insistió en que las instancias que velan por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, deben actuar con “sentido común” y actuar según criterios de proporcionalidad y mesura.
Respuesta proporcional
También resaltó que las fuerzas policiales, a su juicio, actuaron de modo proporcional a la situación presentada, mientras que indicó que, si las mismas hubieran actuado para disolver el evento, las consecuencias habrían sido peores. En tal sentido, detalló que, de haberse dado la intervención policial requerida para subvertir la situación, es probable que los manifestantes se hubieran dispersado por la populosa ciudad capital del país. De igual modo, notificó que algunos de ellos intentaron ocupar el Paseo de la Castellana, pero la Policía Nacional evitó que dicha tentativa resultara exitosa.
Denuncias contra los participantes
Asimismo, sostuvo que se formularon hasta el momento, un total de 30 denuncias en contra de los participantes, y que munchas de ellas, recaían directamente en contra de los organizadores del evento. Esto fue considerado por Franco, como una situación de considerables proporciones, por lo cual, acotó que, haciendo uso de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, se actuaría para sancionar a las personas que hayan incumplido con las disposiciones normativas; sosteniendo que está previsto presentar cargos por desobediencia e incumplimiento, para aquellos casos considerados de mayor gravedad.
Por otra parte, sostuvo que los organismos de seguridad seguirían llevando a cabo las indagaciones pertinentes, con la finalidad de identificar a otros asistentes, sobre los cuales no hayan recaído denuncias, pero que hayan actuado contraviniendo las leyes; para asegurar que recaiga sobre ellos, el máximo rigor que permitan los instrumentos legales. Asimismo, recalcó que no existiría impunidad y que se aplicaría un “justo castigo” a quienes hayan desobedecido las normas.
Restricciones ante eventos similares
Franco también recordó que, en los días anteriores a la realización de la acción de calle, el Gobierno y las autoridades autonómicas exigieron a los convocantes que se guardara el distanciamiento de 1,5 metros entre las personas y que se cumpliera con el uso generalizado de mascarillas. En tal sentido, reseñó que se exigiría el cumplimiento de las medidas antes indicadas, para la celebración de eventos similares en fechas futuras y recalcó que se extremarían las precauciones, para evitar que las manifestaciones puedan representar un peligro para la salud y seguridad de los ciudadanos.
En este orden de ideas, afirmó que la Guardia Civil y la Policía contaban con medios para mantener el orden público y exigir el cumplimiento de las medidas impuestas por Ley, pero ha manifestado su convencimiento en que la gran mayoría de los residentes de la Comunidad Autónoma, son personas sensatas y que han dado suficiente evidencia de actitudes cívicas; mientras que, aseveró que aquellos que incumplieran con los mandatos normativos, serían castigados de modo proporcional a las faltas cometidas.
