Respuesta del Gobierno británico
El Gobierno liderado por el primer ministro, Boris Johnson, hizo caso omiso de la solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores español, relativa a la flexibilización de la recomendación de evitar los viajes no esenciales al territorio ibérico. El Gobierno de España solicitó en fechas precedentes, que no se aplicara la medida de cuarentena de 14 días de duración por la que debían transcurrir los ciudadanos españoles, a aquellos provenientes de las islas Baleares y Canarias.
Sin embargo, el Gobierno británico decidió extender aún más la referida recomendación, con la intención de que sus nacionales no visiten ninguna de las localidades españolas; incluyendo en esta oportunidad, a los dos archipiélagos antes mencionados.
Gestiones de Exteriores
Durante el pasado fin de semana, la titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, realizó un conjunto de gestiones, con la intención de disminuir las restricciones impuestas en este sentido; no obstante, el Ejecutivo de la Commonwealth, actuó para ampliar aún más el cerco, a causa de los nuevos focos de la COVID-19, presentados en distintos puntos de la geografía española. Esa decisión puede haberse sustentado en la proliferación de nuevos casos de la patología, en las Comunidades Autónomas insulares, los cuales totalizaban para el lunes, 2.612 casos totales detectados en las Canarias; mientras que, en Baleares, ascienden a 2.376.
Comunicado en página web
A través de una publicación realizada en la página web de la Oficina de Exteriores, se dio a conocer la decisión del ejecutivo británico, de ampliar la advertencia realizada previamente, contra los viajes, incluyendo esta vez a los archipiélagos, basándose en la evidencia del aumento significativo de los nuevos casos en varias regiones de España, pero principalmente, por la situación epidemiológica presente en Aragón, Cataluña y Navarra.
Postura del Presidente de Gobierno de España
Incluso el Presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, opinó con respecto a las acciones emprendidas por las altas esferas del Ejecutivo anglosajón, las cuales caracterizó como “desajustadas”, asegurando que, muchas de las localidades españolas, cuentan con totales de contagio que se encuentran por debajo del promedio europeo y el de Reino Unido. Para el Gobierno ibérico, reivindicar las condiciones epidemiológicas del país resulta muy necesario, toda vez que las actividades turísticas tienen una importante incidencia en la estructura del Producto Interior Bruto (PIB), representando un 13% de los ingresos nacionales.
De igual modo, se estima que anualmente, un total de 18 millones de ciudadanos ingleses visitan España, por lo cual, si se reduce esta cantidad, se estaría afectando en gran proporción la economía.
Problemas en la política comunicacional
Durante las últimas semanas, algunos socios europeos de España, han dejado entrever su preocupación por el aumento significativo de contagios, lo que ha llevado a la imposición de restricciones de viaje al país, de carácter obligatorio, así como recomendaciones que apuntan a persuadir a los ciudadanos sobre los peligros que conlleva viajar al mismo. Para algunos integrantes del Gobierno y el PSOE, las gestiones que ha realizado la ministra González Laya, han resultado insatisfactorias para generar confianza en otros Gobiernos, a través de la exposición de datos, de lo que se considera, una situación epidemiológica “no tan grave”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado la responsabilidad del propio Gobierno español, en generar incertidumbre en los socios comunitarios, indicando que, cuando se asegura que España está transitando por una “segunda ola” de la enfermedad, resulta predecible, que se generen actitudes de recelo. Esta aseveración surge, luego de que el jueves pasado, la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, haya admitido que España podría encontrarse inmersa en una segunda oleada de COVID-19. Al respecto, García-Page, enfatizó que el país no estaba enfrentando esta nueva fase en la actualidad.
Agradecimiento por restricciones
El endurecimiento de las recomendaciones de Londres, así como las restricciones aplicadas por otros países en contra del turismo a España, llevaron a Fernando Simón, director del CCAES, a reconocer públicamente que celebraba la presunta reducción del “riesgo marginal” que se presentaría en las cifras de nuevos contagios, al no recibir los ciudadanos provenientes de las latitudes que han vetado los viajes a España. Al respecto aclaró que, agradecía que belgas y británicos hayan decidido aplicar esas medidas, pues garantiza “menos riesgo de importación de casos”.
Rechazo a las declaraciones de Simón
Estas declaraciones generaron una respuesta inmediata, por parte de empresarios y profesionales inscritos en la Mesa de Turismo, quienes solicitaron a Fernando Simón, su dimisión inmediata; recalcando las severas consecuencias que genera la restricción del turismo, para una economía que ya se encuentra gravemente afectada, como producto de la crisis generada por el COVID-19. Según estimaciones de sus agremiados, la suspensión de las actividades turísticas podría repercutir en que el país deje de percibir una cantidad superior a los 120.000 millones de euros durante este año, así como la destrucción de un millón y medio de puestos de trabajo, lo cual, sumado a la gran incidencia del paro en estos momentos, puede zanjar aún más la grave situación financiera nacional.
