Este viernes se aprobaron los planes de reconstrucción para España en la fase post-pandemia, planteados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), los cuales contaron con el voto favorable de la organización Ciudadanos (Cs). En este marco, se sometió a consideración las conclusiones acordadas por las mesas de trabajo de Reactivación Económica, Sanidad y Salud Pública, Unión Europea y Políticas Sociales y Sistema de Cuidados; pertenecientes a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, la cuales fueron consolidadas en un documento final, que dicta las líneas generales de acción en materia socioeconómica.
Mayoría sin consensos transversales
Estos planes fueron apoyados por un total de 165 votos de los diputados del Congreso, cantidad ésta, que permitió su aprobación definitiva; pero que distó en gran medida de la intención manifestada por el Ejecutivo, de lograr un acuerdo transversal con el apoyo de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas. La renuncia de Vox a la Comisión, anunciada el pasado martes 23 de junio, allanó el camino para que el PSOE y UP lograran concretar esta victoria.
A pesar de haberse logrado los objetivos de la coalición de gobierno, se presentó una fuerte oposición a las conclusiones de los grupos de trabajo, por parte de sectores de derecha, partidos independentistas y otras organizaciones con representación minoritaria en el Congreso. Sin embargo, algunos de ellos aprobaron la inclusión enmiendas, que incluían previsiones enmarcadas en el contexto de ideologías de izquierda, con la finalidad de evitar una confrontación directa con los sectores afines al Gobierno.
PP no apoyó el documento final
Por otra parte, cabe destacar que la organización presidida por Pablo Casado, no apoyó las decisiones asumidas por ninguna de las cinco áreas de trabajo, a pesar que, en la mesa de sanidad, existían posturas coincidentes entre el Partido Popular (PP) y el Gobierno, con respecto a los cursos de acción a seguir en materia de salud. Esta postura de la organización celeste, se fundamenta en la negativa por parte de la Comisión, de incluir las propuestas realizadas por la organización, en el documento final.
Críticas desde la izquierda
Sin embargo, desde los sectores de izquierda radical, se ha manifestado un importante descontento con el texto final, pues no contempla la derogación inmediata de la reforma de la legislación laboral, vigente desde 2012 y auspiciada por el PP. Muchos de los militantes de esta ala de la izquierda, han resaltado que el Presidente Sánchez había prometido la derogación total de dicha legislación en fechas precedentes.
Logro de JxCat
En el marco de las deliberaciones sostenidas, resalta la iniciativa propuesta por Junts per Catalunya (JxCat), de desbloquear el superávit de las Comunidades Autónomas, la cual fue aprobada por todas las formaciones políticas, con excepción del PSOE, lo cual permitió que se haya hecho presente en el documento final.
Críticas de la oposición
Entre las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19, se establecen condiciones para las grandes empresas que sean objeto de ayudas públicas, tanto nacionales como de países inscritos en la Unión Europea, entre las que se encuentra, la prohibición del reparto de dividendos durante dos años. De igual modo, se prevén aumentos de las tasas e impuestos a las grandes empresas, en las modalidades de patrimonio, sucesiones y donaciones; los que se aplican con finalidades de preservación medioambiental y lalimitación de las prerrogativas de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
Los principales detractores del documento aprobado, señalan que no se establecen las proporciones en las que se aumentarían los impuestos, así como tampoco se especifica si dicho aumento puede aplicarse sobre otros tipos de tributos, tales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En otro orden de ideas, es oportuno indicar que las conclusiones planteadas por la mesa de trabajo de Sanidad, han generado rechazos por varios grupos; principalmente por la presunta centralización de competencias y la negativa de los partidos mayoritarios de la coalición, de incluir propuestas provenientes de la oposición, así como de partidos minoritarios.
Los críticos del documento de políticas sociales, han sopesado negativamente la decisión de la Comisión, mediante la cual se deja a las escuelas semi-públicas, sin la posibilidad de recibir ayudas estatales para hacer frente a las condiciones generadas por la enfermedad pandémica; al igual que han rechazado, que el instrumento normativo omita menciones sobre la necesidad de aumentar el financiamiento público para la atención de personas que se encuentran amparadas bajo la Ley de Dependencia, en virtud de su avanzada edad, así como por la presencia de discapacidades. También se resalta la tendencia a la reconcentración de competencias en la figura del Ejecutivo nacional.
