Durante las últimas horas del jueves 30 de julio, el gobierno que preside el conservador Boris Johnson, anunció que se aplicarían medidas más estrictas de confinamiento para prevenir el aumento de nuevos casos de COVID-19, las cuales afectarán a una cantidad aproximada de 4 millones de personas, que residen en el norte de Inglaterra; país éste que ha sido el más afectado de Europa, en virtud de las altas cifras de contagio por la pandemia, así como, por la importante cantidad de decesos registrados por la misma causa.
Grupos “burbuja” en Inglaterra
Entre los aspectos fundamentales que se establecen mediante la nueva modalidad de confinamiento, se encuentra la prohibición de la interacción de los ciudadanos, con personas ajenas a sus grupos de seguridad en espacios cerrados. Esta medida, va en concordancia con los denominados “grupos estables de convivencia” que se aplicaría para los niños más pequeños, en el contexto del inicio del nuevo año escolar en España; y que prevé evitar los contactos con otros grupos dentro de los recintos educativos, con la finalidad de identificar y aislar posibles rebrotes del virus, de modo más rápido y preciso. Sin embargo, en el país británico se aplicaría de modo generalizado, para toda la población. El Ejecutivo de dicho país, ha optado por mantener abiertos algunos espacios públicos, tales como restaurantes, cafeterías, bares y gimnasios.
Críticas
Por otra parte, estas medidas han sido fuertemente criticadas por la oposición laborista, cuyos integrantes han asegurado que resulta muy improbable que, los comercios que permanezcan abiertos, exijan el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, así como que éstos impidan el contacto entre personas que integren distintos grupos; a pesar que se hayan establecido sanciones por incumplimiento de estas directrices, que contemplan multas de hasta 110 euros, aplicables a los responsables de los comercios.
Estudio de la ONS
Parte del cuestionamiento a la viabilidad de las medidas de confinamiento, se basa en los datos obtenidos mediante un estudio publicado por la Organización Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés), que arroja que menos de la mitad de los ciudadanos británicos, cumplen con las medidas de distanciamiento social que establecen las autoridades nacionales; de los cuales, alrededor de un 30%, aseguran que han cumplido cabalmente con todas las normas en materia de sanidad y seguridad contra la enfermedad pandémica.
Resguardo de la salud pública
En paralelo, el asesor en temas de salud del Gobierno inglés, Chris Whitty, ha puntualizado que la nación ha alcanzado el “límite del desconfinamiento”, por lo cual, se analizaría a continuación, cual es el nivel óptimo, que permite la recuperación de la vida social, sin que esto se traduzca en un empeoramiento de la situación epidemiológica del país. Por otra parte, indicó que es imposible que, en el momento actual, puedan reabrirse todos los espacios, mientras se mantiene al virus bajo control.
Uso obligatorio de mascarillas
Por su parte, el premier británico, Boris Johnson, ha decidido establecer el uso obligatorio de mascarillas, a nivel nacional, a partir del mes de agosto; en todos los espacios públicos. En la actualidad, se exige el uso del implemento sanitario, en lugares como el transporte público y comercios; sin embargo, durante el próximo mes, será requerido para el ingreso a edificios religiosos, galerías de arte, teatros o cines. Esta nueva exigencia, contrasta con la política sostenida por parte del jefe de Gobierno inglés en los últimos tiempos, que contemplaba la intervención rápida y localizada de los focos de infección; evitando en gran medida, las restricciones generalizadas.
Supervisión policial
Johnson también ha informado, que desplegaría una mayor cantidad de efectivos policiales en las calles de Inglaterra, con la finalidad de ejercer mecanismos de supervisión y control del uso de mascarillas en la ciudadanía. Esto ha generado que algunos políticos y miembros de la sociedad civil, hayan reaccionado en desacuerdo con la medida, en virtud de su carácter presuntamente impositivo.
