Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional ha decidido solicitar la comparecencia ante la instancia jurisdiccional, del exministro del Interior del segundo Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, como imputado en el denominado «caso Kitchen»; el cual se relaciona con una operación policial ilegal de espionaje, que tendría por objeto sustraer los documentos que se encontraban bajo resguardo del extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, que apuntaban a la implicación de Mariano Rajoy y otros altos cargos de la formación celeste, en la comisión de actos de corrupción, entre 2013 y 2014.
Petición de la Fiscalía
Cabe recordar que, en fechas recientes, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado a la referida audiencia, citar a quien fuera el titular de la cartera de Interior en dicha legislatura; así como a la antigua Secretaria General del mismo partido, Dolores de Cospedal y a su cónyuge, Ignacio López del Hierro; como parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad. No obstante, tras revisar los alegatos y los hechos incluidos en el expediente, García-Castellón, ha decidido, hasta el momento, citar únicamente a Fernández Díaz. De igual modo, ha optado por imputar al exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez.
Testigos en el caso
Por otra parte, convocó a Juan José Esteban, exdirector de Comunicación del mismo Ministerio, al sacerdote Silverio Nieto, a Jorge Sanchís, exdirector de Gabinete de Francisco Martínez y a Icíar Castro Álvarez, a comparecer ante la audiencia en calidad de testigos, a fines de determinar la naturaleza y contenido de las conversaciones sostenidas con Martínez, en las fases iniciales de las investigaciones que recaen sobre éste; las cuales se mantuvieron respaldadas en su teléfono móvil hasta que su vivienda fuera registrada bajo orden judicial.
Casos que afectan a autoridades del PP
Este caso representa una de las 25 piezas que componen el famoso «caso Villarejo», en la cual se pretende determinar el alcance de las actividades ilegales, presuntamente emprendidas por el empresario y excomisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), José Manuel Villarejo. En conjunto con el denominado «caso Gürtel» y la existencia de la caja b de la organización política, las acusaciones que más han hecho mella en la estabilidad interna y la apreciación popular de la institución.
Policía clandestina
Las indagaciones judiciales llevadas a cabo en este contexto, dan pistas sobre la creación de un cuerpo parapolicial, durante el tiempo que Fernández Díaz asumió la jefatura del Ministerio de Interior, que tenía por objeto, investigar a Bárcenas y sus familiares más cercanos, luego de que un medio de comunicación español, publicara los datos contables de la caja b del partido, que el antiguo tesorero llevaba.
La Policía Nacional, a través de su Unidad de Asuntos Internos, ha llegado a precisar que la fuerza clandestina de espionaje del PP, que siguió los pasos de Bárcenas, era auspiciada por el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, desde el punto de vista político; pero desde la vertiente de las fuerzas de seguridad, era respaldada por el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Ambos han resultado imputados, junto con Villarejo y otros oficiales del cuerpo que tomó el nombre en código “Policía Patriótica”.
Detalles de la investigación
Por otra parte, se ha hecho saber que la operación ilegal empleo varios oficiales de policía, quienes pensaban que, al perseguir al extesorero, estaban colaborando con la determinación de los sucesos relacionados con la caja b, la cual, en su momento, estaba siendo investigada por quien fuera el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. De igual modo, ha trascendido que los encargados de coordinar la operación, contaron con recursos que superaban los 53.000 euros, los cuales presuntamente fueron dispuestos para retribuir a Sergio Ríos, quien fungía para el momento, como chófer de Bárcenas, y quien resultara una pieza clave en los esfuerzos para espiarlo.
Relación de Fernández Díaz y Ríos
De los supuestos pagos realizados a Ríos, a través de la utilización de dinero público, no existe ningún soporte documental en la Secretaría de Estado de Seguridad, a pesar que el Consejo de Ministros determinó el levantamiento del secreto oficial sobre esas transacciones. También se ha asumido, que el exchófer fue asistido por el propio Villarejo, para lograr ser investido como funcionario de la Policía Nacional. A la luz de esta última revelación, el juez ha precisado que, para obtener ese tipo de trato favorable, resultaba necesario que hayan participado altos cargos del Ministerio de Interior.
García-Castellón ha comunicado mediante auto, que las investigaciones han arrojado, hasta el momento presente, que el centro neurálgico de la operación se encontraba en el referido ministerio, desde donde se habrían coordinado todos los aspectos logísticos y operativos, presumiéndose que existió participación directa de Jorge Fernández Díaz, en su carácter de ministro, así como que éste habría delegado en la figura del Secretario de Estado de Seguridad.
