Declaración del Ministro Illa
El titular de la cartera gubernamental para sanidad, consumo y bienestar social, Salvador Illa, ha comunicado este viernes 05 de junio que, a partir de este lunes, más de la mitad de los territorios españoles, pasará a la fase 3 de desescalada por COVID-19, a petición de los gobiernos regionales que los representan.
Entidades afectadas
En tal sentido, aclaró que la medida sería efectiva para la totalidad de las islas Canarias y Baleares; también cambiaran de fase las provincias Guadalajara y Cuenca, de Castilla-La Mancha. En Cataluña, lo harán los ámbitos funcionales territoriales de Alto Pirineo y Arán, Campo de Tarragona y Tierras del Ebro.
Por su parte, las CCAA de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco, pasarán a fase 3 en la totalidad de sus provincias. Con respecto a las ciudades autónomas, sólo Melilla procederá a la nueva etapa, toda vez que Ceuta decidiera postergar su pase a ésta, durante un lapso de una semana, motivado a la detección de un brote de la enfermedad.
Esta autorización de cambio de fase por parte del gobierno central, significaría que alrededor de un 52% de la población de España, se encuentre en territorios circunscritos a la etapa superior de desescalada, mientras que el restante 48% permanece en la anterior.
Características de la fase 3
Como caracterización de las prerrogativas que se otorga mediante el cambio de fase, podría denotarse que las dinámicas sociales, “prácticamente” vuelven a llevarse a cabo, tal como lo hacían en momentos previos a la irrupción de la enfermedad en el territorio ibérico. Sin embargo, persisten limitaciones, en lo relativo a los límites de aforo, la necesidad de mantener el distanciamiento social, la utilización de mascarillas y el cumplimiento de otras medidas sanitarias. Durante esta fase, se mantendrá la prohibición de la apertura de discotecas y bares nocturnos.
Desconcentración de funciones
Por otra parte, en este nuevo ciclo, la gestión de los mecanismos de desescalada, es llevada a cabo por las Comunidades Autónomas, con colaboración del gobierno. Entre las competencias que se delegan a las entidades regionales, se encuentra la posibilidad de determinar la duración del período que ocupan en esa fase, y la determinación de posibles límites a la circulación, entre zonas sanitarias y provincias aledañas.
No obstante, el Gobierno aún podrá establecer límites a la movilidad entre zonas, en el marco de la facultad que le otorga el decreto del Estado de Alarma, hasta el 21 de junio del presente año; fecha a partir de la cual, las autonomías asumirán el control de la movilidad entre las regiones que se encuentren en la misma fase de desescalada.
