Modificación del protocolo de seguridad
La Ministra de Educación, Isabel Celáa, ha remitido a las Comunidades Autónomas un protocolo de seguridad para el año escolar que inicia el próximo septiembre, con modificaciones sustanciales con respecto al primer borrador presentado. En esta nueva versión, se otorga a los gobiernos regionales, la potestad de determinar la cantidad máxima de alumnos que podrán ocupar cada aula; así como se reduce la edad máxima de los niños que podrán constituir los “grupos estables de convivencia”.
Rechazo al primer borrador
El primer formato del documento que establecía las condiciones que debían regir la educación infantil, primaria y secundaria, para prevenir potenciales rebrotes del COVID-19, consiguió una importante oposición por parte de los gobiernos de 9 Comunidades Autónomas, en la discusión llevada a cabo el pasado 11 de junio. Uno de los aspectos que generó mayor controversia, fue la propuesta que enarbolaba el Gobierno, relativa a la cantidad máxima de estudiantes que podían ocupar cada aula, bajo supervisión de un profesor.
Edad máxima para los grupos estables de convivencia
Un aspecto que resultó modificado en el nuevo protocolo, es el que establecía la edad máxima para los grupos estables de convivencia. En un principio el Ejecutivo nacional había previsto que, en las fases de infantil, hasta 4° de primaria, se establecieran grupos cerrados, que evitaran entrar en contacto con otros grupos. Éstos se conformarían por la cantidad máxima de 20 integrantes y no tendrían la necesidad de mantener el distanciamiento de 1,5 metros, previsto para los niveles educativos superiores.
Por su parte, un número importante de los representantes de las autonomías objetaron la medida, apoyándose en la escasez de recursos financieros y logísticos que presentaban, para contratar nuevos profesores y habilitar espacios distintos a las aulas; con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de todos los inscritos en cada plantel.
En virtud de la oposición a la medida, se acordó modificar las exigencias inicialmente establecidas, reduciendo la edad máxima de los estudiantes que conformarían este tipo de grupos, contemplándose que abarque los cursos de infantil, hasta 2° de primaria. También se otorga la potestad a las consejerías de Educación, a modificar el número máximo de estudiantes por aula en estos grupos, siempre que la autoridad sanitaria regional lo autorice.
Mantenimiento de la distancia interpersonal
Otra de las consideraciones que generó el rechazo de las Comunidades Autónomas, era la que establecía la necesidad de guardar una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, en cursos superiores al 4° de primaria. Con la nueva modificación, los alumnos que se encuentren fuera del rango etario susceptible de participar en los grupos estables de convivencia (esto es, de 3° de primaria en adelante), deberán mantener la distancia mínima. Al respecto, Celáa, ha asegurado que esta sería la única medida obligatoria, pues está prevista mediante Decreto Real.
El uso de las mascarillas sanitarias será obligatorio en los espacios en los que no se pueda mantener la distancia mínima exigida, para los alumnos de 3° de primaria en adelante y los de secundaria, así como para los profesores de esos cursos. Para los tutores de los grupos cerrados, no se exigirá el uso del implemento sanitario, cuando se encuentren en las aulas; mientras que los estudiantes que cuenten con 6 años o más de edad, deberán utilizarlo cuando se encuentren en el transporte escolar.
Conjunto de recomendaciones
Por otra parte, cabe destacar que el protocolo propuesto, sólo reviste un conjunto de recomendaciones generales que pueden llevarse a cabo por parte de las instituciones educativas, para coadyuvar a reducir la incidencia del COVID-19. Tal como se indicó más arriba, la única medida que tiene carácter obligatorio, al ser promulgada mediante decreto real, es la que establece la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
La principal tensión que se ha presentado entre el Gobierno y las autoridades regionales, se ha fundamentado en la intención del gobierno de reducir la posibilidad de rebrotes de la enfermedad en espacios educativos; contra la realidad financiera de muchas de las instituciones, lo que no les permite llevar a cabo las medidas que inicialmente sugería el Estado. Otro aspecto que ha incidido en la prolongación del debate, ha sido la presunta usurpación del ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, por parte del Gobierno.
Sin embargo, pareciera que el Ministerio de Educación ha atendido a esta última preocupación, garantizando que las autoridades regionales puedan decidir con mayor nivel de discrecionalidad, el conjunto de condiciones a ser aplicadas en este sentido, dentro de los límites de sus áreas de influencia.
