Este lunes, el ministro de Información y Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez anunció que, por órdenes del presidente de ese país, Nicolás Maduro, se otorgaba un indulto a un total de 110 presos políticos y diputados de la Asamblea Nacional perseguidos por la justicia, como parte de un “proceso de reconciliación nacional”, promovido por el Ejecutivo, en vísperas del proceso electoral en el que se designarán los nuevos integrantes de la instancia legislativa. Dichas elecciones están previstas a ser realizadas el 6 de diciembre del año en curso, y según se ha hecho conocer a la opinión pública nacional, no contará con la participación de los partidos mayoritarios de la oposición.
Principales beneficiariosde la medida de Maduro
Entre los beneficiarios de la medida presentada, se encuentran 25 diputados opositores, el jefe del Despacho de la Presidencia Interina dirigida por Juan Guaidó, Roberto Marrero, el activista opositor Vasco da Costa, y el politólogo Nicmer Evans, el cual apoyó la gestión del expresidente venezolano, Hugo Chávez y se opuso férreamente contra la legislatura de Maduro. Muchos de estos políticos llevaban varios años detenidos, algunos de ellos, sin tener orden de captura emanada de los tribunales del país sudamericano. Sin embargo, en la lista de nombres no constan muchos nombres emblemáticos de la oposición, tales como Juan Guaidó, quien disputa con Maduro el cargo de Presidente de la nación; Leopoldo López, líder de un partido de oposición ilegalizado; Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela designado por Guaidó; así como algunos altos cargos militares del entorno del fallecido Hugo Chávez.
Situación actual de la Asamblea Nacional
Cabe recordar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afiliado a la presidencia de Maduro, determinó a inicios de 2016, que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato, toda vez que habría desobedecido la instrucción judicial de suspender la juramentación de tres de los diputados adjudicados, motivado por presuntos actos de fraude electoral. Esto derivó en que los actos del órgano legislativo carecieran de efectos legales y por tanto no fueran de obligatorio cumplimiento. Por otra parte, con la prohibición de la juramentación de los 3 integrantes, se privó a la oposición venezolana de la mayoría calificada requerida, para promover la sustitución de los magistrados del TSJ, Poder Ciudadano y Consejo Nacional Electoral, entre otras prerrogativas constitucionales.
División opositora
Las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas durante 2015, representaron un importante revés para el sector oficialista venezolano, pues el voto popular se alineó con el sector opositor, de modo determinante, en virtud de la crisis alimentaria y de medicamentos que vivía el país sudamericano durante ese año, bajo la legislatura de Maduro. A escasos días de la celebración de unas nuevas elecciones legislativas, el presidente empleó la baza del indulto con la intención de favorecer la participación de un sector de la oposición que difiere con las posturas y los objetivos de Guaidó.
Postura de Guaidó
Por su parte, el líder opositor, Juan Guaidó, criticó la medida comunicada por el ministro de Información de Maduro, asegurando que detrás de ella existían “razones políticas” que diferían en gran medida de la “reconciliación” del país. Al respecto, enfatizó que los presos políticos eran “rehenes” de la gestión de Maduro, en virtud de que resultaba imposible indultar a “inocentes” ni a aquellos que cuentan con inmunidad diplomática, en clara referencia a los diputados encarcelados. De igual modo, indicó que a través de la acción gubernamental se buscaba distraer a la opinión pública, mientras se allanaba el camino para un presunto fraude electoral.
Participación en el proceso electoral
En fechas anteriores, gran parte de los partidos de mayor peso dentro del sector opositor, condenaron la falta de garantías, así como la ilegitimidad de los convocantes al proceso electoral, por lo cual, optaron por no participar en el mismo. Sin embargo, un grupo minoritario de partidos que adversan la gestión de Maduro, aún apuestan por una salida comicial a la crisis política y económica que vive el país desde 2013, y que ha sido agravada por la existencia de sanciones impuestas por Estados Unidos, Europa y otros países del mundo. Según advierten algunos analistas, Maduro busca fomentar la participación de este sector opositor, haciendo algunas concesiones, en la búsqueda de otorgar mayor legitimidad a los venideros comicios.
