Posibilidad de guerra comercial
El día de hoy, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, ha alertado sobre la posible guerra comercial que podría existir entre EEUU y los cuatro países europeos, que han llevado a cabo acciones para instaurar la aplicación de medidas impositivas en contra de las grandes empresas transnacionales de tecnología. El referido Secretario General ha instado al gobierno de los Estados Unidos, a retomar las negociaciones con los países europeos, para llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes.
Por otra parte, ha explicado las posibles repercusiones negativas sobre la economía mundial, que ya se encuentra bastante afectada por la crisis del COVID-19, a causa de una eventual pugna comercial, que podría evidenciarse entre la nación norteamericana y el grupo compuesto por España, Francia, Italia y Reino Unido, recalcando que, podría evitarse las nefastas consecuencias, sosteniendo conversaciones que tengan por objeto la negociación de la aplicación de la medida.
Exhorto de Estados Unidos
Cabe recordar que, en días anteriores, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, remitió misivas a los gobiernos de los cuatros países que pretenden aplicar las tasas, indicando que, por parte de los EEUU, las negociaciones habían culminado; amenazando con aplicar «medidas proporcionalmente adecuadas», para aquellas naciones que decidan la aplicación de ese tipo de impuestos.
Reacciones europeas a las amenazas de Mnuchin
Las aseveraciones realizadas por el Secretario del Tesoro, contaron con una respuesta rápida por parte de la Ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, quien aseguró que no aceptaría ningún tipo de amenazas y que la aplicación de la medida no se hacía con la intención de afectar a ningún país, sino que, era una forma de equilibrar las cargas impositivas, pues a su juicio, los negocios «tradicionales» estaban pagando mayor cantidad de impuestos que sus equivalentes del contexto digital.
También, Bruno Le Maire, Ministro de Finanzas francés, mantuvo una postura en rechazo de las amenazas proferidas por parte del gobierno estadounidense, puntualizando que no debería intentar intimidar continuamente a países aliados, con la aplicación de sanciones. De igual modo, el Ministro ha asegurado, que la aplicación del impuesto a los servicios digitales, se llevaría a cabo durante 2020, «pase lo que pase«. Al respecto, puntualizó que resultaba justo que las empresas cancelaran tributos en los lugares en los que operan.
Necesidad de conciliación
Gurría exhortó, por su parte, a que las partes buscaran una solución multilateral, para evitar la escalada del conflicto y sus repercusiones fiscales y comerciales; en un contexto de recesión mundial aguda. En este sentido, resaltó la importancia de la OCDE, como plataforma para la confluencia de puntos de vistas disímiles y toma de decisiones consensuadas.
El Comisario Europeo de Economía, Paolo Gentiloni, también exhortó al país norteamericano, a volver a la mesa de negociación, indicando que, en caso de no hacerlo, la Comisión Europea propondría a sus países afiliados, aplicar impuestos a este tipo de empresas digitales, como medida comunitaria.
El impuesto en España
Esta medida impositiva tiene su reflejo en la iniciativa española, denominada «Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales«, la cual, al ser aplicada, garantizaría la recaudación de un monto anual que asciende a la cantidad de 968 millones de euros. Por su parte, el Gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez, ha reiterado su interés de materializar el proyecto normativo, surgido en el ámbito de la gestión del expresidente español, Mariano Rajoy.
A pesar de que aún existen muchas incertidumbres con respecto a los detalles que regirán la aplicación del impuesto que gravará los ingresos generados por las grandes empresas digitales en Europa, se ha aclarado que, en España, se aplicaría a las empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial, y más de 3 millones en territorio español, gravando alrededor del 3% de sus ingresos nacionales. Sin embargo, aún podrían ser modificados, tanto las condiciones como el alcance de la tasa, como resultado del proceso de negociaciones que se está llevando a cabo en las escalas doméstica e internacional.
