El pasado 13 de julio, se dio a conocer que el móvil del presidente del Parlamento de Cataluña y militante de la organización Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Roger Torrent, había sido afectado durante 2019, por el programa informático “Pegasus” desarrollado por la empresa NSO, de capital israelí. Según asegura la ERC, esta misma aplicación permitió el acceso y captura de datos del dispositivo de telefonía móvil del diputado de la instancia legislativa catalana y afiliado a la ERC, Ernest Maragall.
Este software permite que dicha empresa pueda acceder a la información contenida en los dispositivos móviles, para su posterior envío a los clientes que hayan contratado sus servicios; entre los cuales, según la empresa desarrolladora, se encuentran gobiernos y organismos de seguridad. Entre las funciones con las que cuenta, se encuentra borrar los mensajes, activar la cámara y el micrófono del equipo, de modo remoto, entre muchas otras.
Declaración de Torrent
Basándose en la aseveración de la empresa desarrolladora del software, que sostiene que sólo pueden adquirir su producto funcionarios de los gobiernos, Torrent aseguró este martes que, el Estado español, practicaba acciones de espionaje contra sus adversarios políticos. Del mismo modo, recordó que la ONG Amnistía Internacional había denunciado, en conjunto con otras organizaciones, que había gobiernos que utilizaban Pegasus para perseguir a los disidentes, haciendo referencia a casos presuntamente evidenciados en México, Marruecos o Arabia Saudita.
Reacción gubernamental
Sin embargo, el Ministerio del Interior, la Policía y la Guardia Civil, han asegurado que no han tenido ningún tipo de relación con la NSO, y, en consecuencia, no han contratado los servicios que ésta presta; mientras el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha aducido que sus actuaciones se realizan bajo un apego estricto a la Ley, así como, que este principio se materializa, a través de la supervisión de un magistrado del Tribunal Supremo.
Por su parte, desde las altas esferas del Ejecutivo nacional, se ha indicado que no existe constancia de que se hayan vulnerado los mecanismos de seguridad del móvil de Roger Torrent, enfatizando que la intervención de las comunicaciones realizadas por los organismos de seguridad del país, se llevan a cabo siempre, a través de una orden judicial.
Denuncia y solicitud de investigación
A pesar de las declaraciones de los funcionarios gubernamentales, la ERC ha emitido este martes una declaración, refrendada por JuntsxCat, EH-Bildu, PNV, CUP, Compromís, Más País, BNG, Equo y Unidas Podemos (UP), en la cual se denuncia la gravedad que reviste ese tipo de espionaje, solicitando, a su vez, la creación de una comisión para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes al caso.
En este contexto resalta particularmente la postura asumida por integrantes de UP, la cual conforma junto con el PSOE, el Gobierno de coalición. Algunos de sus afiliados han asegurado que, “las cloacas del Estado” habían actuado nuevamente, contra los disidentes políticos; a través de la utilización de “herramientas opacas y antidemocráticas”, apuntando que, ese tipo de acciones, vulneran principios esenciales, reconocidos en tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico vigente.
Torrent empezó a sospechar sobre el acceso no autorizado de terceros a la información contenida en su teléfono móvil, en mayo de 2019, al constatar que los mensajes recibidos a través de la aplicación Whatsapp, se borraban, así como su historial de conversaciones.
Listado de objetivos de Pegasus
Según un certificado emitido por la organización canadiense Citizen Lab, adscrita a la Universidad de Toronto; los dispositivos de comunicaciones de ambos políticos de la ERC fueron objetivos de Pegasus, durante 2019. Al respecto, se aseguró que, a mediados de ese año, se produjo un fallo de seguridad en la aplicación de mensajería Whatsapp, lo cual permitió la instalación del programa de la NSO en varios dispositivos móviles a nivel mundial, a través de una videollamada anónima. Entre los destinatarios de estos ataques, se encontraban los dispositivos de comunicación de Torrent y Maragall.
La misma institución canadiense, ha manifestado que resulta sumamente difícil demostrar la existencia de un ataque cibernético, realizado a través del programa informático, pues existe un sistema que elimina las trazas de la intrusión, así como la información del equipo que la perpetró. No obstante, se sostiene que los equipos de los políticos republicanos, fueron determinados como objetivos de la aplicación, pero que resulta necesario llevar a cabo una investigación adicional, a fines de precisar si el ataque fue fructífero y se logró acceder a la información de los dos móviles.
Historial de la NSO
En fechas anteriores, la empresa NSO se ha deslindado de la responsabilidad con respecto al “mal uso” que podría darse a su programa, aseverando que, la misma recae sobre sus clientes. Por otra parte, la misma compañía se ha negado a confirmar si el Gobierno español hace parte de su extensa clientela, amparándose al principio de confidencialidad; pero ha indicado que podría iniciar una investigación sobre el uso de Pegasus, si existe evidencia que se ha utilizado para fines distintos a los previstos por sus desarrolladores.
Hasta el momento, no existe constancia de la existencia de un contrato entre el Estado español y la NSO, pero resulta oportuno señalar, que la Policía y el CNI contrataron hasta 2015, una compañía italiana llamada, Hacking Team, la cual funge como principal competencia de la empresa con sede en Israel.
