Llamado a negociar
El Presidente del Partido Popular (PP) desde julio de 2018, Pablo Casado, ha indicado este martes, que la organización que dirige, estaría dispuesta a aprobar el decreto que regularía la denominada “nueva normalidad”, si previamente el Gobierno negocia unas condiciones, que la formación estima como esenciales, y que se recogen en un pacto en materia de sanidad, propuesto por el PP, que ha recibido la denominación “Pacto Cajal”, en alusión al ganador del premio Nobel de Medicina en 1906, Santiago Ramón y Cajal.
Según ha expuesto el propio Casado, la intención del PP es que se incluya dentro del decreto, el pacto de Estado propuesto, el cual, según sus promotores, recoge un conjunto de medidas para hacer frente a un potencial rebrote de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, durante la fase de nueva normalidad; así como para otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos y propiciar el impulso económico durante la nueva etapa.
Necesidad de regular la “nueva normalidad”
El líder de la organización celeste también ha reconocido la necesidad de regular las condiciones en la etapa posterior al estado de alarma y ha asegurado que debe emitirse un decreto a la brevedad posible, pues dicho estado dejo de tener vigencia desde el domingo pasado. Sin embargo, acotó que, para que se consolide el documento normativo, resulta imprescindible que el Gobierno “se siente” con la oposición.
Como medio para concretar el proceso de negociación entre el Gobierno de España y la formación política de centro-derecha, Casado ha encomendado a la diputada del PP y exministra de Sanidad, Ana Pastor, reunirse, a más tardar para el miércoles, con el actual Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Salvador Illa, para negociar la inclusión del pacto en el decreto.
Propuestas del Pacto Cajal en materia sanitaria
Dentro de las novedades que presenta el pacto político, se instruye la creación de una Agencia Nacional que se encargue de la coordinación del Sistema Sanitario, la cual estaría conformada por representantes de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad, siendo esta última instancia, la que dirigiría la institución propuesta. Dicha agencia contaría con una división, que tendría por objeto, prevenir y realizar un seguimiento exhaustivo de las pandemias.
También se ha considerado reforzar la atención primaria para las personas que sufran enfermedades contagiosas, aumentando la cantidad de personal existente y mejorando las estructuras físicas con las que se cuenta en la actualidad. De igual modo, se plantea la creación de salas de hospitalización que conecten con áreas de urgencia, para facilitar el traslado de infectados entre ambas estancias.
Otros factores a ser incluidos dentro del ámbito de la atención sanitaria, contemplan la creación de una unidad de profesionales de salud, que pueda movilizarse a las zonas que requieran apoyo para enfrentar pandemias; la creación de un sistema de seguimiento a las personas que se han recuperado de la enfermedad, pero resultaron severamente afectadas por la misma; la aplicación de iniciativas de medicina remota para descongestionar hospitales; crear una reserva de insumos sanitarios, para enfrentar rebrotes o nuevas epidemias; entre otras acciones.
Acciones en el ámbito jurídico
Por otra parte, el PP ha planteado la creación de un “plan jurídico” que tome como punto de partida las leyes que actualmente se encuentran vigentes, para establecer medidas de contención frente a posibles rebrotes del COVID-19, así como para futuras pandemias; sin la necesidad de transcurrir nuevamente por la aprobación de un estado de alarma. Asimismo, se ha asegurado que la organización de Pablo Casado estaría dispuesta a aprobar una modificación de la normativa que actualmente rige los protocolos sanitarios, si el Gobierno considera que resulta necesario, como medio para garantizar un control efectivo contra la propagación de enfermedades.
Abordaje del problema desde la perspectiva económica
Desde la vertiente económica, el pacto prevé extender la aplicación de los ERTE hasta finales de año, medidas para asistir a los sectores más afectados y disminución de impuestos; esta última medida, llevada a cabo por países como Francia y España, para reducir el despido de trabajadores y el cierre de empresas.
Publicación de cifras de fallecidos
Casado también le exigió al Gobierno que publicara la “cifra real” de fallecidos, pues consideró que España merece saber con exactitud, la cantidad de personas que han sucumbido a causa de la enfermedad que asola territorio ibérico desde marzo de este año.
