Apoyo de Sánchez a una posible revisión constitucional
Durante el día de ayer, Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, ha demostrado su conformidad con una posible modificación normativa, para limitar la inviolabilidad del Rey y la no sujeción a responsabilidad del mismo, principios estos, previstos en el artículo 56 numeral 3 de la Constitución Española, vigente en la actualidad; como medio para luchar contra la impunidad en el país. Al respecto, la máxima autoridad del Ejecutivo nacional, indicó que la citada carta magna debe evolucionar, para adaptarse a las demandas que surgen de la sociedad, en materia del comportamiento de las personas que ocupan cargos políticos y de representación.
Antecedentes
La primera referencia realizada por Sánchez en relación a la posible la modificación de la prerrogativa constitucional de inviolabilidad, otorgada al Jefe de Estado, se remonta al año 2018, durante el cual indicó, que promovería las acciones pertinentes, a fines de su supresión, asegurando que el actual monarca español, Felipe VI, apoyaría la medida y no se opondría a su entrada en vigencia. Sin embargo, han existido propuestas de reforma constitucional, planteadas por las organizaciones políticas Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Ciudadanos (Cs), que contemplaban, en primer lugar, eliminar la previsión establecida en la norma fundamental, que permite que los diputados y senadores sean juzgados en tribunales distintos a los ordinarios; no obstante, no se ha llegado a concretar los acuerdos requeridos para la modificación legislativa hasta el momento.
Procedimiento de reforma de la carta magna
Según la Constitución del Estado, vigente desde 1978, existen dos modalidades para modificar su articulado, de las cuales, sólo aplicaría para este caso, la opción reseñada en el artículo 168, que contempla las “reformas esenciales de la constitución”, por cuanto se propone, la modificación total de la constitución, o bien, una revisión parcial que podría modificar alguno de los contenidos del Capítulo II, Sección primera, el Título I o el Título II; éste último, relativo a la Corona.
Según el procedimiento establecido para modificar los contenidos esenciales, éste debe iniciar con la aprobación de la mayoría de dos tercios de los integrantes de las cámaras del Congreso de Diputados y del Senado. En caso de aprobarse dicha iniciativa, deberán disolverse las Cortes Generales y convocarse a una nueva elección, para designar a los legisladores que las conformarán. Sus nuevos integrantes deberán luego, ratificar la decisión y someter a consideración el proyecto normativo, el cual deberá ser aprobado mayoría simple de las dos cámaras. Luego de ser aprobado por el órgano legislativo, deberá convocarse a un referendo, para su aprobación definitiva mediante votación popular y su entrada en vigencia.
Dificultades para aprobar un nuevo texto normativo
Atendiendo a los parámetros dictados por el texto normativo, en relación a la necesidad de contar con el apoyo de los dos tercios de los integrantes de ambas cámaras, se requeriría que la cantidad de 233 diputados y 177 senadores otorguen su visto bueno al proyecto de reforma, que contemple la modificación de la inviolabilidad real. La aprobación de dicha reforma se enfrentaría a grandes dificultades, pues, en primera instancia, haría falta que no voten en contra, un número superior a 117 diputados. Por otra parte, cabe destacar que las organizaciones políticas Vox y Ciudadanos, totalizan la cantidad de 140 escaños, y éstas se han enfrentado en varias ocasiones con la coalición de Gobierno, por lo cual podría esperarse una oposición importante por parte de ellas.
Debate sobre inviolabilidad como táctica electoral
En este sentido, cabe resaltar que la organización que dirige Pablo Casado, ha asegurado este 9 de julio, que el debate sobre las consideraciones de la inviolabilidad y la no sujeción a responsabilidad del Rey, lo ha promovido el Presidente del Gobierno, con la intención de sumar votos de electores, así como unificar las fuerzas políticas de izquierda, para las elecciones del País Vasco y Galicia, las cuales se celebrarán el 12 de julio. Al respecto, ha recordado a la población, que Sánchez presuntamente utilizó el proceso de exhumación de Franco y la reubicación de su cadáver en el cementerio de Mingorrubio, en el contexto de las elecciones generales de 2019; para hacerse con el apoyo de los votantes. Casado también sostuvo que, en la actualidad, los españoles no apoyan ese tipo de debates, que ha caracterizado como “capciosos”.
Posible responsabilidad del Rey Emérito en actividades ilegales
Estas consideraciones se realizan, luego de la publicación de informaciones en medios de comunicación social, que apuntarían a la posible responsabilidad del Rey Emérito, Juan Carlos I, en la comisión de delitos que involucran no haber cancelado los tributos correspondientes a una donación recibida por parte del Rey Abdullah de Arabia Saudita, así como no haber declarado este aporte, el cual se estima, ronda los 65 millones de euros. Por otra parte, también se está investigando si esos recursos económicos podrían provenir de las comisiones que pagaron empresarios, por la adjudicación de los contratos del tren AVE a La Meca.
Hasta el momento, la mayor parte de los partidos políticos de mayor trascendencia en la vida política de España, han defendido a Felipe VI, liberándolo de responsabilidad, en relación a los presuntos delitos que podría haber cometido su padre; y han exhortado a la población a esperar que se lleven a cabo las actuaciones judiciales pertinentes, para determinar la culpabilidad o inocencia del antiguo Jefe de Estado. Mientras tanto, representantes de las altas esferas del Ejecutivo nacional, han señalado que “todos los españoles son iguales” ante la Ley, esbozando la posibilidad de que no existan consideraciones especiales hacia Juan Carlos I, en la determinación de las responsabilidades.
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