Posible responsabilidad penal de Juan Carlos de Borbón
El Rey Emérito español, Juan Carlos I, se encuentra bajo escrutinio por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, a fines de determinar la posible responsabilidad penal del monarca, en la adjudicación a empresas españolas de las obras de la línea ferroviaria Haramain. Según documentos emanados de la Fiscalía, la intención de la investigación, es la de corroborar o descartar la posible comisión de un acto punible, en las actuaciones del Jefe de Estado, posterior al mes de junio de 2014, fecha en la que adjudicó al trono, en favor de su hijo Felipe VI.
A partir de su renuncia a la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón, podría ser investigado por la Fiscalía General, pues ya no es amparado por la previsión constitucional, que establece la inviolabilidad de la persona del Rey, así como su no sujeción a responsabilidad, prevista en el artículo 56 numeral 3 de la mencionada carta magna.
La investigación por parte del fiscal de Sala del Tribunal
El 5 de junio del presente año, la fiscal Dolores Delgado, designó mediante decreto al ciudadano Juan Ignacio Campos, como responsable de llevar a cabo la investigación, siendo éste el fiscal de Sala del Tribunal Supremo en materia de Delitos Económicos. Esta designación se basó, según la fiscal, en las extraordinarias credenciales y abundante experiencia del referido ciudadano. Al respecto, también puntualizó que contará con un equipo de tres fiscales del Tribunal Supremo, para asistirlo en las diligencias que deben llevarse a cabo en este proceso.
Según se asegura, por parte de conocedores del caso, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado a Delgado asignar las investigaciones a la Fiscalía del Tribunal, toda vez que aquella se encontraba llevando a cabo las indagaciones pertinentes, con respecto al presunto pago de comisiones millonarias ilegales, por parte de Juan Carlos de Borbón, hacia su amiga, Corinna Larsen, desde una cuenta suiza, lo cual, se presume, que podría tener relación con la obra de construcción del tren AVE que recorre la distancia existente entre la ciudad saudita de Medina y la ciudad santa del Islam, La Meca.
Presunta defraudación fiscal y blanqueo de capitales
Para la Fiscalía Anticorrupción, existen suficientes elementos para determinar que existen indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales, pero que aún queda por aclararse si la situación ilícita se extiende hasta el período posterior a la abdicación del monarca emérito. Por otra parte, ha de aclararse que el supuesto cobro de comisiones se remonta al 2008; año en el cual Juan Carlos de Borbón se encontraba haciendo uso de sus prerrogativas reales, por lo cual no podría ser procesado por concepto de los presuntos sobornos; por lo cual se pretende investigar el flujo de este dinero, posteriormente a su abdicación.
Según declaraciones de la propia Corinna Larsen, las comisiones ascendieron a un total de 80 millones de euros, que fueron otorgados a la cónyuge de un empresario saudí, quien hizo llegar la mitad del monto a un empresario español, y éste, a su vez, entregó el dinero recibido, e su totalidad o parcialmente al Rey emérito.
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