En un informe forense emanado del Juzgado de Instrucción 51 de la región de Madrid, se indicó que, tanto el Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Salvador Illa, como el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, estaban al tanto de las grandes posibilidades de infección por coronavirus, en la manifestación que se celebró el pasado 8 de marzo, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Cabe destacar que en este evento, hicieron acto de presencia, varios funcionarios de alto nivel del Gobierno español.
Posibilidad de predecir la epidemia
El referido informe detalla que «la situación de hecatombe» se veía venir sobre España, y a pesar que considera que es sencillo analizar esa tendencia en retrospectiva, también resultaba un fenómeno predecible, para personas que cuenten con sólidos conocimientos en materia epidemiológica, a pesar que algunos de los miembros del alto gobierno habrían destacado que la propagación del patógeno, en este contexto, no podría anticiparse.
Inobservancia de medidas preventivas
De igual modo, el documento denuncia que no se cumplieron las medidas de protección pertinentes por parte de los participantes de la marcha del 8m, para reducir la posibilidad de contagio, a pesar del conocimiento previo que se tenía sobre la naturaleza de la enfermedad pandémica y sus mecanismos de propagación. Adicionalmente, indica que no se tomaron en cuenta las previsiones realizadas por la OMS, en las cuales se solicitaba analizar el posible riesgo que conllevaba la realización de actividades masivas; así como, que se ignoraron recomendaciones sanitarias europeas; las cuales, en caso de haberse cumplido a cabalidad, habría, coadyuvado a disminuir la incidencia de los daños a la salud de los asistentes, así como las consecuencias a nivel nacional desde las perspectivas social y económica.
Por otra parte, Julio Lorenzo Rego, forense encargado de la elaboración del documento, reseñó que en caso de no haberse llevado a cabo el acto público, se hubiera disminuido la amplia difusión del patógeno; y también que, en caso de haberse notificado a la población en general sobre el riesgo de contagiarse en la realización del evento, hubiese permitido que los asistentes tomaran previsiones para resguardar su salud, aplicando las medidas sanitarias recomendadas a nivel internacional.
Aspectos metodológicos
Sin embargo, también aclara que resulta difícil saber si las personas que resultaron infectadas con COVID-19, antes de la entrada en vigencia del estado de alarma, pudieron haber adquirido la condición a través de la participación en el evento masivo, o si pudieron enfermar, a través de la interacción con otras personas, en espacios como transporte público, establecimientos comerciales, entre otros.
El forense también reconoce la importancia de los resultados de estas investigaciones, así como el impacto mediático que puede generar. Asimismo, reconoce que las implicaciones de señalar a determinados funcionarios públicos, es delicado. Esta aseveración la realizó en relación a José Manuel Franco, político afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a quien se le atribuye el presunto delito de prevaricación administrativa, al no prohibir eventos de alta afluencia de personas, entre los que se encuentra la manifestación realizada para la celebración del Día Internacional de la Mujer.
