De los nueve activistas independentistas catalanes detenidos por la Guardia Civil el lunes, siete comparecerán el jueves en la Audiencia Nacional de Madrid para responder a acusaciones de terrorismo, rebelión y posesión de explosivos.
Dos de los nueve miembros del grupo de presión de los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron puestos en libertad bajo fianza el mismo día de su detención, mientras que los siete restantes fueron detenidos y trasladados a la Comunidad de Madrid.
Las detenciones en una serie de redadas en las que participaron 500 agentes de policía en varias ciudades catalanas cercanas a Barcelona han causado consternación en el movimiento independentista, que siempre ha rechazado explícitamente la violencia como medio para alcanzar sus objetivos.
El martes, el presidente catalán, Quim Torra, envió una carta al primer ministro español en funciones, Pedro Sánchez, en la que pedía «explicaciones» sobre las declaraciones de la representante del Gobierno en funciones en Cataluña, Teresa Cunillera, que se refirió a las detenciones como «detenciones preventivas».
En su carta, Torra expresaba su `indignación’, junto con la de su gobierno y `una parte significativa del público catalán’, por la operación policial que dijo `pasó por alto los principios de la presunción de inocencia’ por `fines políticos’.
Fuentes del gobierno español respondieron insistiendo en que el poder judicial se ocupará del caso «de forma independiente y sin interferencias», y remitieron a Torra a la declaración del Ministerio del Interior de que la separación de poderes es uno de los «principios básicos del Estado de Derecho».
Ese fue un mensaje reiterado el martes por Eva Granados, portavoz parlamentaria del ala catalana del partido gobernante socialista (PSOE), quien dijo a Torra que el gobierno español en funciones «no tiene nada que ver» con la investigación judicial.
Por su parte, Lorena Roldán, líder del partido Ciudadanos (Cs) en Cataluña, criticó a Torra por sus declaraciones públicas `justificando a los sospechosos violentos’ y añadió que un presidente `debe condenar siempre la violencia’.
Sin embargo, dirigiéndose al Parlamento catalán el miércoles, Torra insistió en que la operación era de naturaleza política, y repitió sus afirmaciones anteriores de que el objetivo final es crear una falsa narrativa de la violencia en Cataluña.
Torra, que encabeza un gobierno de los dos principales partidos independentistas, también dijo que el objetivo de su ejecutivo sigue siendo lograr la independencia por medios democráticos, y calificó de «intolerable» vincular el movimiento independentista con el terrorismo.
Sin embargo, Torra no fue el único perturbado por los arrestos. Ignacio González Vega, portavoz de la organización Jueces por la Democracia, cuestionó el martes la «franqueza» del fiscal, que calificó de inadecuada para una primera fase de investigación.
Hablando en un canal de televisión español, Vega expresó «sorpresa» por la cantidad de información que se da a conocer al público en lo que es una investigación secreta, e insistió en que lo más importante era la presunción de inocencia de los «sospechosos».
